Traductores en el Parlamento: Babel con cargo al contribuyente

En el Congreso de los Diputados suena el catalán, el euskera, el gallego… y también el sonido inconfundible de euros cayendo al suelo. Cada sesión parlamentaria multilingüe no solo pone a prueba la paciencia del espectador, sino también la resistencia del bolsillo del contribuyente. Porque sí, hablar en la lengua propia emociona, pero pagarlo en la ajena –la del dinero público– no entusiasma tanto.

Partamos de lo obvio: las lenguas cooficiales son un tesoro cultural. Lo son. Pero también lo es la lógica común, esa lengua universal que parece en peligro de extinción en ciertas bancadas del Parlamento. España ya cuenta con una lengua oficial que todos entienden (y hablan cuando están de tapas): el castellano. Entonces, ¿a qué viene esta traducción simultánea?

Porque no nos engañemos: esto no va de comunicación. Va de postureo político y de marketing territorial. Es un guiño al votante nacionalista, un «mira cuánto te respeto, te hablo en tu idioma aunque todos entendamos el castellano». Lo que no dicen es: «mira cuánto te cuesta, aunque tú no hayas pedido la traducción».

El espectáculo roza lo absurdo. Se dicen cosas como: “España nos roba”, pero que sea España la que pague al traductor. Algunos diputados hablan en su lengua autonómica para que otro diputado, que ha nacido a 30 kilómetros de distancia y la entiende perfectamente, escuche una traducción al castellano. ¿Estamos locos o nos sobra el presupuesto?

Y es que los traductores no los pagan sus señorías, que bastante hacen con cobrar sueldos públicos, dietas, y mantener privilegios varios. No. Esto lo pagamos usted, yo y cualquiera que llene el depósito a precio de oro. Una paradoja maravillosa: defender lo propio con dinero ajeno.

Ahora bien, si de verdad va la cosa de respeto lingüístico, propongo una solución: que todo ministro, diputado y alto cargo de este país de lenguas múltiples tenga la obligación de dominar todas las lenguas cooficiales. Tal como se exige en las oposiciones de muchas comunidades autónomas, donde uno no puede aspirar a ser celador sin sacarse un nivel C de la lengua regional, ¿por qué no exigir lo mismo a quien aspira a legislar para todos?

¿Quieres hablar en euskera? Perfecto. Pero no me pongas un pinganillo: apréndelo. ¿Te emocionas con el gallego? Estupendo. Que no haga falta traducción. ¿Defiendes el catalán como patrimonio? Que se note en tu currículum, no en tu factura de gastos.

Porque si de verdad creemos que las lenguas cooficiales son parte del alma de España, lo lógico es que quienes nos gobiernan las hablen todas. Y si no pueden, que se comuniquen en la única lengua que todos entienden: el sentido común. Aunque ese, lamentablemente, sí parece extinguido.