Hay decisiones económicas cuyos efectos no se perciben de inmediato. No generan titulares urgentes ni alarmas instantáneas. Pero cuando sus consecuencias se hacen visibles, suele ser porque ya hemos cruzado un punto de no retorno. La relación comercial con Mercosur, tal y como se está planteando, corre el riesgo de convertirse en una de esas decisiones que el campo español pagará durante décadas.
Hoy asistimos a una paradoja difícil de explicar sin indignación: una verdura producida a miles de kilómetros, atravesando océanos, puede llegar a ser más barata que la que se cultiva a escasos tres kilómetros del consumidor. No porque sea mejor, ni más eficiente en términos reales, sino porque compite bajo reglas radicalmente distintas. En España, y en general en la Unión Europea, los agricultores están sometidos a una de las normativas más exigentes del mundo: regulación laboral, controles sanitarios, límites medioambientales, restricciones fitosanitarias. Todo eso tiene un coste, pero también un propósito claro: proteger a los trabajadores, al consumidor y al entorno.
En muchos países sudamericanos, esas exigencias son mucho menores o directamente inexistentes. Jornadas abusivas, salarios indignos, condiciones que en demasiados casos rozan el esclavismo. Uso de sustancias prohibidas aquí desde hace años. Sistemas productivos que priorizan el volumen y el beneficio rápido frente a la salud y la seguridad. Llamar a eso “libre competencia” es una ficción peligrosa. No es competir: es expulsar del mercado a quien sí cumple las reglas.
El resultado es tan evidente como previsible: precios artificialmente bajos que asfixian al productor local hasta hacerlo desaparecer. Y aquí conviene hacerse una pregunta incómoda. ¿Qué ocurre cuando ya no queda producción local? Ocurre lo mismo que ya hemos vivido en España con la industria: dependencia total del exterior, pérdida de soberanía económica y, finalmente, subida de precios. Cuando no hay competencia cercana, cuando no hay alternativa, el mercado deja de ser libre y pasa a estar controlado por unos pocos. Entonces lo barato desaparece, pero el daño ya es irreversible.
Algunos defienden que el consumidor se beneficia de precios más bajos. Es una verdad parcial que esconde una trampa. Porque no siempre lo barato es lo mejor para el mercado ni para la sociedad. Si ese abaratamiento va acompañado de productos no saludables, potencialmente cancerígenos, producidos sin garantías sanitarias ni sistemas de control seguros, el ahorro se convierte en enfermedad. Y la factura llega más tarde, en forma de sistemas sanitarios tensionados, sufrimiento y, en demasiados casos, muerte.
Por eso quiero expresar de forma clara y sin matices mi apoyo a todas las protestas pacíficas de agricultores y productores. No protestan por privilegios, protestan por justicia. Reclaman algo tan básico como competir en igualdad de condiciones. Medidas como aranceles correctores que mitiguen las enormes diferencias regulatorias no son un capricho ni un proteccionismo irracional: son una herramienta necesaria para garantizar equidad de oportunidades.
La desaparición del productor local no es un daño colateral; es el objetivo último de grandes lobbies que solo esperan el momento de enriquecerse sin freno cuando el campo ya no pueda resistir. Defender al agricultor no es ir contra nadie, ni contra otros pueblos ni contra otros trabajadores. Es defender un modelo económico más justo, más humano y más sostenible.
Aún estamos a tiempo de no repetir errores pasados. Aún podemos decidir que la alimentación no sea tratada como una mercancía cualquiera. Defender el campo español es defender empleo digno, salud pública, soberanía y futuro. Porque cuando dejamos caer a quienes nos alimentan, perdemos mucho más que un sector económico: perdemos una parte esencial de nosotros mismos.
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