Hay una realidad que cada vez resulta más evidente para muchos ciudadanos: el Estado funciona con una eficacia admirable cuando se trata de recaudar. La maquinaria fiscal es puntual, precisa y constante. Los impuestos no esperan, los plazos se cumplen y la recaudación fluye de forma automática, incluso en los momentos más difíciles.
Sin embargo, esa misma agilidad no siempre aparece cuando se trata de proteger a quienes sostienen esa recaudación.
Las situaciones de crisis lo ponen especialmente de manifiesto. Cuando una guerra o una crisis internacional dispara el precio de la energía, del transporte o de los alimentos, el impacto es inmediato en la vida cotidiana. Los ciudadanos lo notan desde el primer día. Pero mientras los precios suben, también lo hace la recaudación del Estado. Cada incremento lleva asociado más IVA, más ingresos fiscales, más dinero que entra en las arcas públicas sin necesidad de aprobar ninguna medida adicional.
Y, sin embargo, las decisiones para aliviar esa presión llegan tarde… y, en muchos casos, se quedan cortas.
Se anuncian medidas, se habla de ayudas, se presentan cifras que, en apariencia, parecen importantes. Pero pocas veces se pone sobre la mesa una comparación incómoda: cuánto se está recaudando realmente como consecuencia directa de esa misma crisis. Porque lo cierto es que el aumento de precios no solo castiga a los ciudadanos, también incrementa de forma significativa los ingresos del Estado.
La reciente decisión de reducir el IVA de los carburantes al 10% es un buen ejemplo. Se presenta como un esfuerzo, como una medida de alivio, pero cabe preguntarse: ¿por qué no ir más allá? ¿Por qué no reducirlo al 4% o incluso al 0% en un contexto excepcional? Si el Estado está recaudando más precisamente porque los precios son más altos, existe margen para actuar con mayor contundencia.
Lo mismo ocurre en grandes catástrofes. Tras un desastre, se anuncian planes de ayuda que, sobre el papel, parecen millonarios. Sin embargo, hay una parte del relato que rara vez se explica: la reconstrucción también genera una intensa actividad económica, y esa actividad vuelve a traducirse en impuestos. Obras, materiales, servicios, salarios… todo ello tributa. Es decir, mientras los ciudadanos intentan recuperar lo perdido, el Estado también participa —y de forma significativa— en esa recuperación a través de la recaudación.
Esto genera una cierta ilusión óptica. Las ayudas parecen grandes, pero si se comparan con lo que el propio proceso de crisis o reconstrucción genera en términos fiscales, pueden representar solo una parte de lo que realmente entra en las arcas públicas.
Y ahí surge una cuestión de fondo que no debería ignorarse: ¿es justa esa proporción?
Si el sistema es tan eficiente para recaudar en cualquier circunstancia, también debería serlo para aliviar. Porque el Estado no está diseñado para enriquecerse en contextos de dificultad, sino para proteger a la sociedad cuando más lo necesita. Y cuando existe margen —porque la recaudación aumenta—, la respuesta debería estar a la altura de ese margen.
No se trata solo de cuánto se ayuda, sino de cómo se reparte el esfuerzo. De si el equilibrio entre lo que se cobra y lo que se devuelve es razonable en situaciones extraordinarias. De si el Estado actúa como un mero recaudador… o como una verdadera red de protección.
Y, en última instancia, la pregunta no es tanto qué hace el Estado, sino qué esperamos de él.
¿Debe limitarse a gestionar la recaudación o tiene la obligación de actuar con mayor ambición cuando las circunstancias lo exigen?
Y tú… ¿qué opinas?
