El problema de la vivienda en España no es una anomalía ni un fallo inesperado del sistema. Es el resultado lógico de un modelo que necesita precios altos, escasez y miedo para seguir funcionando. La vivienda es cara porque interesa que lo sea. Y mientras se nos repite hasta la saciedad que “el mercado está tensionado”, que “faltan pisos en alquiler” o que “los propietarios tienen miedo”, nadie quiere señalar a quienes realmente se benefician de esta situación.
Hay dos grandes ganadores en este modelo. Por un lado, las corporaciones y los grandes inversores, para quienes la vivienda no es un derecho ni un hogar, sino un activo financiero. Cuanto más escasa y más cara, mayor rentabilidad. La necesidad básica de millones de personas se convierte así en una oportunidad de negocio sostenido en el tiempo, alimentado además por recalificaciones, concesiones urbanísticas opacas y decisiones políticas que rara vez se toman por el bien común. Por otro lado, el propio Estado, que recauda de forma rápida y masiva cada vez que una vivienda se compra: impuestos, tasas, registros, notaría, IVA o transmisiones patrimoniales. La compraventa llena las arcas públicas mucho más deprisa que el alquiler, que genera ingresos lentos y repartidos. Y en ese camino, demasiadas veces aparecen las mordidas, las comisiones encubiertas, los favores cruzados y la financiación ilegal de partidos políticos, que convierten el acceso a la vivienda en una pieza más del engranaje corrupto. El Estado no es una víctima del problema: es un beneficiario directo, económico y político.
Sin embargo, el relato oficial necesita culpables más cómodos. Se apunta al pequeño propietario, al ciudadano que ha trabajado durante años, ha ahorrado y ha decidido invertir su capital para asegurarse un futuro. Se le señala como especulador, se le criminaliza y se le amenaza con controles de precios e inseguridad jurídica. El mensaje es claro: el problema no es estructural, el problema son “ellos”. Mientras tanto, se evita deliberadamente mirar al origen real del conflicto, porque hacerlo obligaría a destapar intereses, responsabilidades y demasiados silencios incómodos.
Se habla de intervencionismo, pero solo cuando conviene. Se interviene el alquiler, se regulan precios, se limita la capacidad de decisión del ciudadano, pero no se interviene donde realmente se podría cambiar el sistema. El Estado tiene en su mano un intervencionismo mucho más eficaz, pero no interesa ejercerlo porque implicaría romper redes de poder, cortar flujos de dinero fáciles y cerrar el grifo de un negocio que también financia carreras políticas.
Basta con leer la Constitución para encontrar la gran contradicción. La vivienda es un derecho, pero en la práctica es un privilegio condicionado al mercado y a intereses que nada tienen que ver con la dignidad humana. Un derecho que solo existe sobre el papel no es un derecho, es propaganda. Si de verdad creyéramos que la vivienda es un derecho fundamental, el enfoque sería radicalmente distinto: ningún ciudadano debería quedarse sin techo mientras el Estado mira hacia otro lado y otros hacen caja.
Cuando hablamos de vivienda no hablamos de propiedad ni de inversión, hablamos de un techo. Un lugar digno donde vivir. Y ese derecho podría garantizarse mediante un modelo sencillo y realista: residencias públicas para personas vulnerables o en riesgo de exclusión. Habitaciones individuales con baño, zonas comunes, comedores colectivos, espacios pensados para convivir. Para familias, zonas más amplias que permitan una vida normal. No sería una vivienda en propiedad, sino un uso temporal. En cuanto una persona prospere y pueda acceder al mercado por sus propios medios, dejaría libre ese espacio para otra que lo necesite.
Este modelo tendría un efecto inmediato y profundo. La ocupación por vulnerabilidad dejaría de tener sentido legal y social, porque nadie podría alegar falta absoluta de alternativas. El miedo, que hoy se utiliza como excusa para justificar precios abusivos y políticas erráticas, desaparecería. El mercado del alquiler dejaría de ser un campo de extorsión y volvería a ser una elección. La presión sobre los precios bajaría de forma natural.
El argumento de siempre es el dinero. Que no hay recursos, que no es viable, que es demasiado costoso. Es falso. El dinero existe, pero se destina a otras prioridades: gasto electoralista, obras innecesarias, estructuras sobredimensionadas y redes clientelares que viven mejor cuanto peor funciona el sistema. No falta presupuesto, falta voluntad política y sobra corrupción.
El gobierno busca culpables fuera porque mirarse al espejo sería reconocer que tiene la solución en la mano y decide no usarla. Prefiere dividir a la sociedad, enfrentar a propietarios con inquilinos y convertir la vivienda en un arma política antes que asumir su papel como garante de derechos básicos. Mientras eso no cambie, el problema de la vivienda no solo no se resolverá, sino que seguirá siendo el negocio perfecto: caro, escaso, opaco y convenientemente protegido.
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