En los últimos meses, España ha sido testigo de un espectáculo bochornoso: la revelación de currículos falseados, títulos inventados y formaciones inexistentes entre nuestros representantes públicos. Es un golpe directo a la credibilidad de la política y, sobre todo, una traición a la confianza de los ciudadanos. Esta crisis de honestidad nos brinda, sin embargo, una oportunidad: abrir el debate sobre la urgente necesidad de profesionalizar la carrera política y exigir que quienes aspiren a gobernarnos estén realmente preparados para la tarea.
La Constitución Española establece, con buen criterio democrático, que cualquier ciudadano mayor de 18 años puede ser elegido para cargos públicos. Pero este derecho inalienable no debe confundirse con un cheque en blanco para la improvisación o la incompetencia. Debería ser político cualquier ciudadano mayor de 18 años, siempre y cuando se haya preparado de forma rigurosa para ejercer esa responsabilidad. La política no puede seguir siendo el último refugio de los que no encuentran su sitio en otras profesiones.
Pensemos en cualquier otra profesión de alta responsabilidad: para ser médico, ingeniero, abogado o maestro, es necesario superar años de estudios y formación especializada. La administración pública exige a sus funcionarios superar durísimas oposiciones, que incluyen conocimientos específicos y dominio de las lenguas cooficiales de cada comunidad autónoma. Sin embargo, en el mundo político, aquellos que tomarán decisiones que afectan a millones de personas no tienen, en muchos casos, más mérito que una lista cerrada o una campaña electoral bien financiada. Es un sinsentido que no podemos seguir tolerando.
Es hora de exigir una titulación mínima para quienes quieran formar parte de los gobiernos nacionales, autonómicos, provinciales o locales. Al menos, debería ser obligatorio ser licenciado en Ciencias Políticas, Derecho, Economía, Administración y Dirección de Empresas (ADE) o Relaciones Internacionales. Y junto a ello, una formación de especialización obligatoria en forma de másteres como:
La preparación académica debe ir de la mano de la formación en idiomas. No tiene sentido que un diputado nacional necesite traductores y pinganillos para entender a sus compañeros de parlamento. En un país con lenguas cooficiales como el catalán, gallego o euskera, debería ser obligatorio que nuestros representantes las dominen, al igual que un nivel alto de inglés. Esto no solo es una cuestión de eficiencia y ahorro económico, sino de respeto a la pluralidad lingüística de nuestro país.
Profesionalizar la política no significa cerrar la puerta a nadie, sino abrir un camino de meritocracia y excelencia. Todo ciudadano tendría la posibilidad de acceder, pero bajo el compromiso de formarse adecuadamente. La política es un oficio noble, que merece ser ejercido con la misma preparación y dignidad que cualquier otra profesión de alta responsabilidad. La improvisación, la falta de formación y el cortoplacismo electoral nos han llevado a una degradación institucional que solo podemos revertir con exigencia y seriedad.
Es el momento de dejar de tolerar la mediocridad. El futuro de España merece ser gobernado por personas con conocimiento, con visión y con formación. Porque gobernar no es un derecho, es una responsabilidad. Y esa responsabilidad debe ganarse, no heredarse ni improvisarse.
El reto es épico: devolver a la política el prestigio perdido. Construir una nueva generación de líderes formados, capaces y honestos. No es solo una cuestión de justicia, es una cuestión de supervivencia democrática.
El cambio no vendrá solo, depende de nosotros exigirlo. ¿Queremos seguir tolerando que quienes deciden nuestro futuro no estén preparados para ello? Es hora de levantar la voz, de abrir este debate en cada conversación, en cada red social, en cada urna. Porque España merece líderes que sepan, que sientan y que sirvan. Y ahora te pregunto a ti: ¿qué opinas? ¿Debería ser obligatoria la preparación y la titulación para quienes aspiran a gobernarnos?
Espero tu respuesta en comentarios.
