A modo de ejemplo, quiero hablar de una medida que, aunque se presentó como un alivio para los bolsillos de las familias, acabó siendo un regalo inesperado para unos pocos. Sí, me refiero al descuento de 20 céntimos por litro de gasóleo que el Gobierno español aplicó entre abril y diciembre de 2022. Un gesto que costó a las arcas públicas nada menos que 4.250 millones de euros, pero… ¿realmente benefició a quienes más lo necesitaban?
Un estudio reciente pone cifras a la realidad: al menos 850 millones de euros de este descuento acabaron directamente en los beneficios de las petroleras y gasolineras. ¿Cómo puede ser? Muy sencillo: el precio del gasóleo subió al mismo tiempo que se aplicaba el subsidio. En lugar de trasladar el descuento completo a los consumidores, las empresas se quedaron con una parte sustancial.
Y lo que es más preocupante: cuando el subsidio desapareció, los precios volvieron a los niveles previos. Esto confirma que, mientras el Gobierno anunciaba una ayuda, lo que realmente sucedió fue que infló los beneficios de un sector que, por cierto, lleva años obteniendo ganancias históricas.
Pero no termina aquí. Parte del coste de esta política volvió al propio Estado a través del IVA generado por los precios más altos. Al final, quien asumió el coste fue, como siempre, la ciudadanía, que tuvo que consumir más en plena crisis energética y climática.
¿Quién se benefició realmente? Según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el 40% del dinero destinado al descuento lo aprovechó el tercio más rico de las familias españolas. ¿Y las familias más pobres? Apenas un 20%. Así es, aquellos con más recursos, con más vehículos grandes y contaminantes, fueron los grandes beneficiados.
Esto pone en evidencia un problema estructural: un mercado con escasa competencia y políticas públicas que, en lugar de reducir las desigualdades, las perpetúan. ¿Por qué no se optó por ayudas directas y focalizadas según el nivel de renta? Una solución más justa que habría evitado esta transferencia de recursos públicos hacia los de siempre: los más ricos y las grandes empresas.
La reflexión aquí es clara. En tiempos de crisis climática y económica, ¿podemos permitirnos políticas que engordan a los poderosos a costa de la mayoría? Es hora de exigir soluciones responsables y justas, porque mientras aceptemos decisiones como esta, el coste no será solo económico, sino también social y ambiental.
