Eduar Garza
En casi todas las casas, el cumpleaños de un hijo es una pequeña celebración de lo que la vida va dejando a su paso. Se recuerdan sus primeras palabras, se recuperan fotografías, se hacen planes y alguien acaba diciendo que el tiempo corre demasiado. Pero hay hogares donde una fecha señalada en el calendario empieza a parecerse a una cuenta atrás. Son aquellos en los que un hijo necesita cuidados continuos y sus padres saben que, al alcanzar cierta edad, puede terminar la prestación que les permite reducir su jornada para atenderlo. Allí, junto al deseo de que siga cumpliendo años, crece una inquietud difícil de compartir: cómo sostener la vida de todos cuando la ayuda desaparezca y la enfermedad permanezca.
Cuesta imaginar esa preocupación desde fuera. Podemos comprender el significado de un diagnóstico, hacernos una idea del esfuerzo que supone acudir a consultas o acompañar un ingreso, pero apenas alcanzamos a intuir lo que significa organizar cada día alrededor de una necesidad que no admite aplazamientos. El trabajo, el descanso, las compras, los otros hijos, la propia salud: todo debe encontrar acomodo en las horas que dejan los cuidados. En esa casa, el futuro se piensa con preguntas que muchos nunca hemos tenido que hacernos. ¿Quién estará cuando yo tenga que salir? ¿Podré mantener mi empleo? ¿Qué ocurrirá cuando mis fuerzas empiecen a faltar? La incertidumbre económica se sienta a la mesa con las demás y acaba ocupando un lugar en todas las conversaciones.
España cuenta con una prestación, conocida como CUME, que compensa la pérdida de ingresos de quienes reducen su jornada para cuidar a un hijo con cáncer u otra enfermedad grave. Tiene condiciones concretas y límites que conviene explicar sin simplificaciones: puede mantenerse hasta los 23 años y prolongarse hasta los 26 cuando se acredita, antes de los 23, una discapacidad igual o superior al 65 %. Su cuantía se calcula sobre una base reguladora y en proporción a la jornada reducida, por lo que no resulta exacto describirla siempre como el cobro del salario íntegro. Detrás de esas disposiciones hay una finalidad que cualquiera puede entender: permitir que una familia siga teniendo ingresos mientras uno de sus miembros dedica parte de su tiempo de trabajo a prestar unos cuidados necesarios.
La reforma publicada en el BOE el pasado 3 de octubre, que entrará en vigor el día 23, introduce una mejora importante. En determinadas situaciones de gran discapacidad o gran dependencia, los funcionarios podrán prolongar su permiso más allá de los límites de edad, mientras persista la necesidad acreditada de cuidados y se mantenga la convivencia. También se amplía la posibilidad de reducir la jornada en el Estatuto de los Trabajadores, pero esa modificación no viene acompañada de una ampliación equivalente del límite económico de la prestación en la Ley General de la Seguridad Social. La distinción puede parecer un detalle para quien lee la noticia deprisa; para quien tiene que pagar el alquiler, comprar alimentos y cuidar de su hijo, contiene toda la diferencia entre disponer de un derecho y poder ejercerlo.
Ahí es donde la discusión abandona el terreno de las palabras y entra en el de la vida. Una reducción de jornada puede conceder tiempo, pero las horas liberadas siguen teniendo un coste cuando dejan de estar cubiertas por unos ingresos. La familia necesita hacer compatibles dos obligaciones que no desaparecen porque una norma las regule por separado: cuidar y sostenerse. Por eso merece una respuesta la pregunta que surge al comparar ambas situaciones: ¿qué razón justifica que, ante necesidades semejantes, la continuidad de la protección económica dependa del régimen laboral del progenitor? La enfermedad no conoce esa diferencia. Quien necesita ayuda para comer, desplazarse o seguir un tratamiento tampoco puede adaptar sus necesidades al organismo que tramita el expediente de su padre o de su madre.
Existen, desde luego, sistemas distintos de financiación, normas que coordinar y recursos que administrar. Sería poco serio ignorarlo, del mismo modo que lo sería omitir que la reforma prevé un plazo de seis meses para adaptar el reglamento de la prestación. Ese mandato forma parte de la respuesta y habrá que atender a su desarrollo, pero no equivale a una cobertura económica ya resuelta para todas las familias afectadas. Desde un despacho, seis meses caben en una previsión de trabajo; desde una casa que se acerca al final de una ayuda, son seis mensualidades que hay que sostener. La distancia entre ambas formas de medir el tiempo debería estar presente cada vez que se anuncia una mejora pendiente de hacerse efectiva.
Tampoco quisiera que esta cuestión acabara alimentando el conocido enfrentamiento entre funcionarios y trabajadores del sector privado. Me parece justo que un funcionario pueda seguir cuidando a su hijo en esas circunstancias, y celebraría que esa tranquilidad alcanzara a todas las familias con necesidades equivalentes. Sería una triste forma de entender la igualdad desear que otro perdiera una protección porque uno todavía carece de ella. Lo que corresponde exigir es una respuesta suficiente para ambos, con los requisitos y controles necesarios, pero sin aceptar que la diferencia entre dos regímenes laborales termine decidiendo quién puede acompañar a su hijo sin poner en peligro la economía familiar.
Hay, además, algo que el calendario administrativo parece olvidar con demasiada facilidad: mientras los hijos cumplen años, sus padres también envejecen. El cuidado puede hacerse más exigente cuando quien lo presta dispone de menos fuerzas, duerme peor o empieza a convivir con sus propias enfermedades. A esa realidad debería responder una política capaz de mirar más allá del siguiente trámite, de prever apoyos y de respetar la voluntad y la dignidad de la persona atendida. Reconocer el esfuerzo de las familias exige ocuparse de las condiciones en las que lo realizan, porque el cariño puede sostener muchas cosas, pero también necesita descanso, recursos y la certeza de que habrá ayuda cuando haga falta.
No espero de una ley que borre el dolor ni que resuelva cuanto la enfermedad desordena. Espero que comprenda la realidad sobre la que actúa y que sus límites puedan explicarse a quienes han de vivir con ellos. Si la necesidad de cuidados continúa, el final de su cobertura económica merece una justificación que vaya más allá de una fecha de nacimiento o del régimen laboral de quien cuida. Al día siguiente de cumplir 26 años, ese hijo puede seguir necesitando las mismas manos, la misma atención y la misma presencia. Sus padres deberían poder apagar las velas con él y pedir lo que pide cualquier familia: salud, tiempo y un poco de futuro, sin que la celebración traiga consigo el miedo a cómo llegarán al mes siguiente.
Y tú... ¿qué opinas?
Soy Eduar Garza y te invito a pensar conmigo.
