Eduar Garza
Hubo un tiempo en que ponerse al frente de una reivindicación obrera podía costar el empleo, la libertad o la vida. Conviene recordarlo antes de que la memoria termine reducida a una pancarta que algunos sacan del armario para las conmemoraciones. El 10 de marzo de 1972, en Ferrol, Amador Rey y Daniel Niebla murieron por disparos de la policía durante una protesta de los trabajadores de Bazán. Eran trabajadores, tenían nombres, familias y una vida que no pudieron terminar. Pertenecían a Comisiones Obreras, una circunstancia que tampoco debe borrarse cuando se cuestiona a quienes hoy ocupan sus despachos. Precisamente porque aquella historia merece respeto, ninguna dirección sindical debería utilizarla como un salvoconducto para quedar a salvo de la crítica. Heredar unas siglas no equivale a heredar la dignidad de quienes se jugaron la vida por ellas.
También conviene escribir bien otro nombre: Lech Wałęsa. Aquel electricista de los astilleros de Gdansk, despedido por su actividad sindical y después privado de libertad, encabezó Solidaridad frente al régimen comunista polaco y recibió el Nobel de la Paz en 1983. Su ejemplo contiene una enseñanza que algunos parecen haber olvidado: los derechos de los trabajadores se defienden también frente a un poder que dice gobernar en su nombre. El abuso no deja de ser abuso porque lo cometa alguien que se proclama de izquierdas, del mismo modo que una injusticia no se vuelve tolerable porque denunciarla pueda perjudicar electoralmente a los nuestros. La independencia sindical empieza donde termina la obediencia al partido.
No reclamo que los sindicalistas de hoy tengan que pasar por la cárcel para demostrar su honradez. Aquellas luchas buscaban, entre otras cosas, que nadie tuviera que hacerlo. Les reclamo algo mucho más sencillo: que su exigencia no dependa del color del Gobierno. Que el precio del alquiler, la precariedad o un salario insuficiente les indignen con la misma fuerza gobierne quien gobierne. Cuando la protesta necesita consultar primero el calendario electoral, el trabajador corre el riesgo de convertirse en figurante de una campaña ajena. Entonces aparece ese sindicalismo domesticado que conserva los dientes para la fotografía, pero parece haber aprendido a reconocer qué mano no debe morder.
Es ahí donde prende la palabra «comegambas». Es despectiva, desde luego, y resulta injusta cuando se lanza contra cualquier delegado que dedica horas y esfuerzo a defender a sus compañeros. Pero despacharla como un simple insulto permite esquivar la pregunta que contiene: ¿por qué una parte de la sociedad ha llegado a asociar la representación sindical con el privilegio antes que con el sacrificio? Comer gambas no constituye ninguna falta moral; acomodarse en nombre de quienes apenas llegan a fin de mes sí merece un juicio severo. Las organizaciones obreras tampoco pueden acabar convertidas en meretrices del poder, ofreciendo al Gobierno de turno una fidelidad que solo deberían deber a sus representados. Quien administra la indignación de los trabajadores para proteger a un partido está utilizando su confianza como moneda de cambio.
La huelga general de este 11 de noviembre obliga a plantear esa cuestión. Es la primera huelga general de veinticuatro horas secundada por las dos grandes centrales en catorce años y se celebra con elecciones generales ya convocadas. Sus promotores reclaman vivienda, salarios y mejores condiciones de vida, objetivos legítimos que comprometen a empresarios y administraciones, incluido el Gobierno central. Los sindicatos sostienen, además, que la movilización se preparaba antes del adelanto electoral. Todo eso debe decirse, porque una crítica pierde autoridad cuando oculta lo que incomoda a su argumento. Pero reconocerlo no obliga a cerrar los ojos ante el uso político de la convocatoria.
Según recoge Canal Sur, María Jesús Montero la definió como «una huelga contra la oposición». La frase merece detenerse en ella. Contra la oposición. Quien forma parte del poder señala como destinatario de la protesta a quienes no lo ejercen en el Gobierno central. La oposición tiene responsabilidades, gobierna en otras administraciones y debe responder por sus decisiones, pero esa evidencia no puede convertirse en una salida de emergencia para el Ejecutivo. Si la vivienda resulta inaccesible y el sueldo no alcanza, quienes llevan años gobernando también tienen cuentas que rendir. Que el Gobierno encuentre utilidad electoral en una huelga no demuestra por sí solo que la haya organizado, pero sí obliga a los convocantes a marcar distancias. Cuando el poder aplaude una protesta, conviene comprobar hacia dónde apunta la pancarta.
La discusión sobre el seguimiento exige el mismo rigor. CEOE y Cepyme lo situaron por debajo del 5 % de media territorial y sectorial, mientras los sindicatos ofrecieron porcentajes mucho más elevados. Son balances enfrentados, no una medición independiente que permita dar por cerrada la discusión. Tampoco autorizan a afirmar que hubo huelga en menos del 10 % del territorio: participación y superficie son cosas distintas. Lo que sí debemos rechazar es esa costumbre de convertir cada convocatoria en una victoria inevitable mediante la selección interesada de imágenes y cifras. Una industria paralizada no representa a toda España; una calle con comercios abiertos tampoco. La credibilidad de una organización se mide también por su capacidad para reconocer a quienes no han seguido su llamamiento.
Porque existe el derecho a hacer huelga y existe la libertad de no sumarse. La legislación exige respetar a quienes deciden trabajar y permite difundir la convocatoria de forma pacífica, sin coacciones. No hay demasiada oscuridad en ese principio. Un empresario que amenaza al trabajador por secundar un paro ataca su libertad; un piquete que amenaza al trabajador para que lo secunde también. Las convicciones de uno y otro no conceden permiso para decidir por los demás. Una causa justa puede defenderse con firmeza, con perseverancia y con incomodidad para el poder, pero pierde su autoridad moral cuando pretende imponer por miedo la adhesión que no ha conseguido mediante argumentos.
Por eso resulta tan difícil aceptar la expresión «piquete informativo» cuando se utiliza para encubrir amenazas, agresiones o bloqueos intimidatorios. Informar consiste en explicar los motivos de una protesta y permitir que quien escucha decida. Si después de escuchar solo cabe obedecer, aquello se parece demasiado a una orden. El pasamontañas tampoco convierte por sí solo a nadie en delincuente, pero no aporta un solo argumento a una reivindicación laboral. Cuando se acompaña de violencia, la escena adopta la lógica de un comando callejero y deja de parecerse a una conversación entre trabajadores. Quien pretende defender mi dignidad debería empezar por reconocer mi capacidad para discrepar.
Además, hay una trampa en contar como convencido a quien ha cerrado por miedo o no ha podido llegar a su puesto. Una persiana bajada bajo amenaza no es un voto a favor de la huelga. Es una libertad que ha quedado por el camino. El pequeño comerciante, el autónomo o el asalariado que decide trabajar no se convierte por ello en enemigo de la clase obrera. Puede discrepar de la convocatoria, desconfiar de sus dirigentes o no poder asumir la pérdida de ingresos. Antes de exigirle solidaridad, convendría interesarse por sus razones. Resulta difícil representar a los trabajadores cuando solo se reconoce como tales a quienes obedecen.
Sigo creyendo que hacen falta sindicatos fuertes, capaces de negociar, de enfrentarse a los abusos y de proteger a quien tendría pocas posibilidades de defenderse solo. Precisamente por eso me preocupa su subordinación. Quiero organizaciones que incomoden a cualquier Gobierno cuando haya motivos, que rindan cuentas y que respeten al trabajador incluso cuando este les diga que no. Amador Rey y Daniel Niebla merecen algo más que una ofrenda anual; merecen que quienes invocan su memoria se pregunten a quién sirven cuando llega el momento de elegir entre la lealtad a unas siglas y la lealtad a quienes trabajan.
La peor derrota del sindicalismo llega cuando el trabajador teme al piquete y el gobernante ya no teme al sindicato.
Y tú… ¿qué opinas?
Soy Eduar Garza y te invito a pensar conmigo.
