Eduar Garza
Hay palabras que deberían pesar más después de pronunciarlas. Una promesa, por ejemplo. Sobre todo cuando sirve para pedir algo tan delicado como la confianza de los demás.
En política, sin embargo, parece ocurrir lo contrario: la promesa alcanza su mayor valor antes de las elecciones y empieza a perderlo la noche del recuento. Lo que hasta entonces era un compromiso solemne se convierte en una intención, una orientación, un deseo sujeto a circunstancias. El ciudadano entregó su voto; la palabra empieza a buscar una salida.
Quizá por eso el programa electoral tiene algo de esos objetos que todos reconocemos y casi nadie utiliza. Sabemos que existe, que debería importarnos, que contiene las razones para confiar en quienes aspiran a gobernarnos, pero la campaña nos lleva por otros caminos: una frase que despierta miedo, una fotografía que inspira cercanía, un adversario al que conviene impedir el paso.
Entre tanto ruido, el programa espera. A veces, encontrarlo en la página del partido exige más perseverancia que conocer las virtudes del candidato. Su rostro sale a recibirnos. Sus compromisos requieren que vayamos a buscarlos.
No es un detalle menor. Aquello que debería sostener la petición de confianza merece estar a la vista, dispuesto para la lectura, la comparación y la pregunta. Si tengo que perseguir tu palabra antes de votarte, ¿qué facilidades tendré para exigírtela después?
Pero tampoco podemos atribuir toda la responsabilidad a quienes hacen campaña. Hay una comodidad en votar sin leer. Nos ahorra dudas, evita contradicciones y permite conservar intacta la simpatía por los nuestros. Basta con saber quién debe ganar o, mejor aún, quién no puede hacerlo.
Así, el voto corre el riesgo de convertirse en una adhesión que apenas pregunta. El partido recibe nuestra confianza sin tener que atravesar nuestro criterio.
Un programa electoral debería interrumpir esa comodidad. Obligarnos a detener la mano antes de depositar la papeleta. Porque en sus páginas tendría que estar la palabra que un candidato nos entrega a cambio del poder que nosotros vamos a concederle.
Sin embargo, demasiadas promesas parecen escritas para provocar asentimiento y evitar el examen. Una sanidad mejor, un empleo digno, unas familias protegidas, una Administración eficaz. ¿Quién podría oponerse? Son palabras hospitalarias: todos cabemos dentro de ellas.
El problema aparece cuando intentamos averiguar qué contienen. Mejorar, ¿cuánto? Hacer, ¿cuándo? Pagar, ¿con qué? Y, sobre todo, responder, ¿ante quién? Ahí termina la seducción y debería comenzar el compromiso.
Quien promete tiene la obligación de mostrar el camino entre sus palabras y nuestra vida. Explicar qué hará, cuánto costará, de dónde saldrán los recursos y cómo podremos comprobar el resultado. También advertir qué depende de otros y qué obstáculos conoce ya. La incertidumbre forma parte del gobierno; ocultarla para hacer más atractiva una oferta forma parte de otra cosa.
No deberíamos aceptar que un programa sea un escaparate donde se exhiben beneficios mientras el precio permanece en el almacén.
Sé que la palabra «contrato» tiene aquí límites jurídicos. Hablo de la obligación política y moral que nace cuando alguien solicita nuestra confianza mediante unos compromisos. Una obligación que merece conservar su fuerza aunque no podamos reclamarla como reclamamos el cumplimiento de un servicio.
Porque resulta difícil educar en el valor de la palabra mientras aceptamos que, en la vida pública, pueda utilizarse y abandonarse sin explicación. ¿Con qué autoridad pedimos a nuestros hijos que cumplan lo prometido si después aplaudimos la habilidad de nuestros dirigentes para esquivarlo?
Necesitamos memoria, pero una memoria que pueda consultarse. El ciudadano no debería cargar a solas con la tarea de recordar cada promesa, rastrear cada decisión y descifrar cada excusa.
Por eso defiendo una evaluación independiente del programa electoral, con criterios públicos. El Gobierno tendría derecho a explicar su gestión, pero no a decidir la nota que merece. Quien administra nuestra confianza debe aceptar que otros examinen qué hizo con ella.
Y ese examen tendría que llegar hasta los resultados. Una ley aprobada puede quedarse sin recursos; una inversión anunciada puede no ejecutarse; un servicio inaugurado puede seguir sin atender a quienes lo necesitan. El anuncio produce un titular. El cumplimiento debe producir una mejora en la vida de alguien.
Tampoco todas las promesas pesan lo mismo. Algunas fueron decisivas para obtener el voto; otras apenas acompañaban la oferta. Cumplir veinte medidas menores no debería borrar el abandono de cinco compromisos fundamentales. Nuestra confianza no puede reducirse a una contabilidad diseñada para que siempre salgan las cuentas del gobernante.
Cada año deberíamos conocer el balance y, antes de unas nuevas elecciones, quien aspire a continuar tendría que presentar el resultado de su palabra anterior junto a sus nuevas propuestas. A la vista, sin obligarnos a buscarlo entre los pliegues de la propaganda.
Pedir otra oportunidad exige explicar qué ocurrió con la primera.
Por supuesto, gobernar obliga a rectificar. Ningún programa puede anticipar todas las heridas que el mundo es capaz de abrir. Una guerra, una pandemia, una catástrofe o una crisis pueden volver imprudente aquello que parecía sensato.
Cambiar de rumbo puede ser un acto de responsabilidad. Pero exige dar la cara: explicar qué ha cambiado, por qué impide cumplir y qué alternativa se ofrece. La dificultad merece comprensión; el silencio no debería recibirla por adelantado.
También las coaliciones transforman los programas. La negociación puede ser necesaria, pero el ciudadano tiene derecho a conocer qué parte de lo que votó sobrevivió al acuerdo y cuál quedó fuera. Su confianza merece algo más que descubrir, cuando todo está decidido, que una promesa esencial era negociable.
Y después están las consecuencias. Esa palabra que en política pronunciamos con tanta firmeza cuando se refiere a los demás.
En mi libro Programa electoral, la palabra dada, propongo un compromiso concreto: si al terminar la legislatura el cumplimiento ponderado no alcanza el cincuenta por ciento, salvo causas extraordinarias acreditadas, el presidente y los miembros del Gobierno responsables deberían renunciar a presentarse en las siguientes elecciones. Una condición personal y pública, aceptada antes de recibir el poder.
Podemos discutir el umbral y el modo de evaluarlo. Pero deberíamos discutir también por qué nos parece excesivo exigir consecuencias a quien vuelve a pedir confianza después de haber incumplido buena parte de lo que ofreció.
No es igual fracasar después de intentarlo que prometer sin intención de actuar. La política necesita reconocer esa diferencia para no tratar con la misma indulgencia el error y el engaño.
Tal vez eso sea lo que más me inquieta: nuestra resignación. Ese encogimiento de hombros con el que decimos que todos prometen, que todos incumplen, que siempre ha sido así. Cada vez que lo aceptamos, rebajamos un poco el valor de nuestra propia confianza. Terminamos entregando algo que consideramos precioso a cambio de una palabra que hemos aprendido a considerar desechable.
Estas elecciones podrían servir para empezar a exigir otra relación con quienes aspiran a gobernarnos. Leer, preguntar, comparar. Pedir que el compromiso ocupe el lugar que hoy ocupa la consigna.
Antes de aceptar su programa, que acepten ellos sus términos y condiciones. Que nos digan qué harán con nuestro voto y qué responsabilidad asumirán si abandonan la palabra con la que lo obtuvieron.
Porque al depositar una papeleta dejamos algo de nosotros en manos de otros: la preocupación por nuestros hijos, la tranquilidad de nuestros mayores, el trabajo que sostiene la casa, la esperanza de vivir un poco mejor.
Todo eso merece una promesa que siga en pie cuando se apaguen las luces de la campaña.
Y tú... ¿qué opinas?
Soy Eduar Garza y te invito a pensar conmigo.
