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Opinión

Pedro Sánchez 29 de noviembre: ¿lo vas a votar o lo vas a botar?

📅 07 de noviembre, 2026
Eduar Garza

Eduar Garza

Amnistía, pactos negados, corrupción y promesas pendientes: la credibilidad de un presidente también se vota.

A 7 de noviembre, a veintidós días de las elecciones generales, la sección oficial de programas electorales del PSOE sigue ofreciendo como último programa de generales el de 2023. No he localizado allí, ni en las búsquedas realizadas en su web, el documento para el 29 de noviembre. Lo que sí ha publicado el partido es la voluntad de Pedro Sánchez de «seguir gobernando cuatro años más». La petición de continuidad está hecha. El contrato que permitiría examinarla sigue sin aparecer en el lugar donde el propio PSOE dice reunir sus programas. Parece una buena ocasión para recordar qué ha ocurrido con la palabra del candidato que vuelve a pedirnos confianza.

El programa puede publicarse mañana y habrá que leerlo. Esa posibilidad no resuelve la cuestión de fondo: ¿por qué deberíamos creer esta vez a Pedro Sánchez? Su credibilidad merece un examen que incluya las promesas escritas y las garantías que pronunció ante los ciudadanos. Un gobernante puede cambiar de posición. Cuando lo hace después de negar con rotundidad lo que termina aceptando para lograr apoyos, tiene que explicar algo más que las ventajas del acuerdo. Tiene que responder por la confianza que obtuvo con la negativa anterior.

El 15 de septiembre de 2021, Sánchez afirmó: «ni el referéndum ni la amnistía es posible». La frase figura en la transcripción de la Moncloa. Dos años después defendió la amnistía y su partido la incorporó al acuerdo con Junts para su investidura. La ley llegó en junio de 2024. La contradicción está documentada. Puede defenderse la amnistía por razones políticas y puede discutirse su alcance jurídico; ninguna de esas discusiones borra que Sánchez pasó del rechazo a la defensa de una medida vinculada al acuerdo que facilitó su continuidad.

El problema democrático es el valor de sus garantías. ¿Qué significa que Sánchez descarte algo si la aritmética parlamentaria puede convertirlo después en una necesidad? ¿Con qué criterio debe interpretar el ciudadano su próxima negativa? A mi juicio, esa forma de proceder convierte la palabra presidencial en una condición provisional cuyo vencimiento conocen quienes negocian los apoyos, pero ignoran quienes depositan el voto. El elector escucha un límite y, después de las elecciones, descubre una posibilidad.

Con EH Bildu también hay palabras y hechos. El 6 de junio de 2019, Sánchez sostuvo que «con Bildu no se acuerda nada». El 20 de mayo de 2020, PSOE, Unidas Podemos y EH Bildu suscribieron un acuerdo político relacionado con la prórroga del estado de alarma. El PSOE rectificó después el alcance de su primer punto sobre la reforma laboral; el acuerdo existió. No hace falta inventar ministros de Bildu ni un Gobierno de coalición con esa formación para señalar la contradicción. Sánchez negó los acuerdos y su partido los firmó. Quien se refugia en que no hubo ministros de Bildu responde a una pregunta distinta de la que plantean sus propias palabras.

La corrupción obliga a mirar todavía más atrás. Sánchez llegó a la presidencia en junio de 2018 mediante una moción de censura que hizo de la corrupción del PP una razón central para relevar a Rajoy. En 2019 reivindicaba haber puesto rumbo a la limpieza en la forma de hacer política. Ese fue uno de los fundamentos de su autoridad moral. Por eso el examen de lo ocurrido después debe hacerse con el mismo criterio que él exigió cuando la responsabilidad política correspondía a otro presidente.

Hoy ese examen incluye una condena de José Luis Ábalos a veinticuatro años y tres meses de prisión en la pieza de mascarillas, y otra de Koldo García a diecinueve años y ocho meses. Incluye además una investigación distinta sobre presuntos amaños de obra pública en la que figura Santos Cerdán. Ábalos fue ministro de Sánchez y secretario de Organización del PSOE; Cerdán ocupó después esa misma responsabilidad en el partido. Estamos hablando de puestos centrales de su Gobierno y de la organización que dirige. La condena de unos y la investigación de otros deben distinguirse. El peso político de esa proximidad también debe explicarse.

Esas causas no autorizan a atribuir a Sánchez delitos ni un conocimiento de los hechos que no se hayan probado. Sí obligan a exigirle responsabilidades por las personas en las que confió y por los controles que fallaron. Quien reclamó la salida de Rajoy por la corrupción que afectaba a su partido debe aceptar que su propia responsabilidad sea examinada más allá de una eventual imputación personal. Sería intolerable que la exigencia moral que sirvió para llegar al poder se rebajase al requisito de una condena propia cuando llega el momento de conservarlo.

El balance tampoco termina en los grandes giros y los escándalos. En 2023, el PSOE de Sánchez ofreció veinte semanas de prestación por nacimiento y cuidado: la regulación general establece diecinueve. Prometió un año cotizado por hijo para cada progenitor: ese derecho general no se ha incorporado a la regulación revisada. Ofreció elevar los mínimos familiares estatales del IRPF: las cuantías comprobadas siguen iguales. Son compromisos de naturaleza distinta y no todos merecen el mismo juicio. Pero cada uno exige una explicación concreta antes de volver a convertir las necesidades de esas familias en material electoral.

También hubo avances y acuerdos que merecen reconocimiento. La ampliación del permiso es uno de ellos y la reforma del artículo 49 de la Constitución es otro. Reconocerlos permite medir lo pendiente con rigor. Un resultado positivo no cancela una contradicción, del mismo modo que un incumplimiento no borra todo lo realizado. Precisamente porque el balance contiene matices, Sánchez debería presentarlo con claridad, asumir sus decisiones y responder por aquello que ofreció y no llegó.

En cambio, la petición de otros cuatro años vuelve acompañada del aviso sobre lo que harían sus adversarios. A quienes temen una alternativa de derechas les corresponde decidir si comparten ese diagnóstico. También les corresponde preguntarse cuánto de su propia exigencia están dispuestos a suspender para mantener a este presidente. Las convicciones de izquierdas merecen algo mejor que convertirse en una obligación de justificar cada giro de su dirigente. Un partido se debilita cuando la suerte de una persona ocupa el espacio de su conciencia crítica.

¿Publicará Sánchez un programa que explique qué compromisos mantiene, cuáles abandona y qué límites acepta de verdad? ¿O volveremos a recibir promesas cuya interpretación definitiva quedará pendiente de los apoyos que necesite? La pregunta es pertinente después de la amnistía, de los acuerdos negados y de las cuentas aún pendientes con los ciudadanos. El nuevo programa tendrá que leerse junto a la hemeroteca. También junto al listón contra la corrupción con el que Sánchez reclamó la presidencia.

Mi conclusión es severa: Pedro Sánchez ha deteriorado el valor de su propia palabra y pretende renovar una confianza por la que aún debe responder. Cada elector es libre de votar al PSOE, pero merece hacerlo con las contradicciones a la vista, sin que se las disuelva bajo el nombre de pragmatismo ni se convierta la crítica en una traición a sus ideas. Pedir el voto después de desmentirse exige mucho más que señalar al adversario. Exige explicar por qué la próxima promesa debería valer más que la anterior. Mientras esa respuesta falte, Sánchez estará pidiendo otro cheque en blanco.

Y tú, ¿qué vas a hacer, votarlo o botarlo?

Soy Eduar Garza y te invito a pensar conmigo.

Fuentes y comprobaciones editoriales

Corte: 7 de noviembre de 2026. La referencia a veintidós días corresponde a esta fecha y debe recalcularse si cambia la publicación. La ausencia del programa se formula como resultado de la consulta del archivo oficial y de las búsquedas, no como prueba de que no exista ningún borrador o documento en otro lugar. Si se publica, actualizar la entrada y conservar el examen de credibilidad.

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