Eduar Garza
Hay una forma de hacer política que resulta tan cómoda para quien gobierna como injusta para quien la soporta: identificar una necesidad real, prometer que será atendida y enviarle la factura a otro. En el problema de la vivienda, ese otro tiene con frecuencia un rostro muy distinto del que aparece en los discursos. Puede ser una pareja que pasó años pagando una hipoteca, un autónomo que compró un piso para complementar su jubilación o una familia que conserva una vivienda heredada y obtiene de ella un ingreso necesario.
Pero el relato necesita un culpable sencillo. Alguien a quien señalar mientras las soluciones tardan en llegar. Así, tener una casa alquilada empieza a presentarse como una culpa que debe justificarse.
El problema de la vivienda es grave. Precisamente por eso merece algo más que consignas, enfrentamientos y exhibiciones de generosidad financiadas con el patrimonio ajeno.
Un propietario no es un fondo de inversión
El Banco de España estimó en 2024 que el 92 % de las viviendas principales en alquiler de mercado pertenecía a particulares, frente al 8 % de las personas jurídicas privadas. Su Informe Anual 2025, con datos de 2024, señala además que el 76,1 % de los arrendadores particulares tenía una sola vivienda alquilada. Ese grupo concentraba el 50,7 % de las viviendas arrendadas por personas físicas. Son magnitudes diferentes, pero permiten entender algo esencial: el mercado no puede explicarse como si detrás de cada contrato hubiera un gran fondo de inversión.
Esto no significa que no existan grandes propietarios, concentración de patrimonio o prácticas abusivas. Significa que conviene distinguir antes de acusar. Una familia que alquila un piso y una sociedad que gestiona miles de inmuebles no son la misma realidad.
Tampoco poseer una vivienda demuestra que su dueño la haya conseguido con esfuerzo. Puede haberla heredado. Pero una herencia legítima no convierte a quien la recibe en culpable del fracaso de la política de vivienda.
Alquilar una casa, cumplir las obligaciones legales y obtener un rendimiento por ella no constituye una falta moral. El abuso debe perseguirse por lo que alguien hace, no presumirse por lo que posee.
La solidaridad no puede adjudicarse por domicilio
Cuando una familia pierde sus ingresos y no puede pagar el alquiler, existe un problema social que requiere una respuesta. Lo que no resulta aceptable es decidir que esa respuesta debe financiarla el propietario de la vivienda en la que vive.
¿Por qué él? ¿Por qué debe asumir una obligación que corresponde al conjunto de la sociedad? ¿Porque su nombre figura en ese contrato?
El propietario paga impuestos para sostener los servicios públicos y las políticas de protección. Si, además, se le exige soportar durante un tiempo incierto una situación que la Administración no resuelve, acaba pagando dos veces: como contribuyente y como sustituto involuntario de los servicios sociales.
Puede ocurrir incluso que necesite esa renta para pagar su propia hipoteca o completar una pensión modesta. La vulnerabilidad no desaparece por tener una escritura.
Si los poderes públicos consideran necesario mantener a una familia en una vivienda privada, deben articular garantías efectivas para ambas partes. Proteger al inquilino y garantizar al arrendador el cobro y la recuperación de su inmueble cuando corresponda son obligaciones compatibles.
Lo intolerable es que una Administración se atribuya el mérito de proteger mientras otra persona soporta el coste.
Un hogar digno no equivale a una propiedad regalada
En mi libro Programa electoral — La Palabra dada, defiendo que toda persona sin recursos debe disponer de una solución habitacional digna, segura y adecuada a sus circunstancias.
Nadie debería dormir en la calle por carecer de ingresos. Ningún niño debería crecer sin un espacio protegido. Ninguna persona mayor, enferma o dependiente debería quedar abandonada.
Pero proteger exige comprender qué necesita cada persona. Una familia con menores, alguien que requiere cuidados y quien atraviesa una pérdida temporal de ingresos no necesitan la misma respuesta. Puede ser una vivienda pública, un alquiler social, un alojamiento provisional o una residencia con atención profesional.
La obligación pública consiste en garantizar una solución digna. No en entregar una propiedad, asegurar una vivienda concreta o convertir cualquier preferencia personal en una deuda que los demás deban satisfacer.
Las ayudas tampoco deberían terminar cuando se registra una transferencia. Gobernar exige comprobar si el problema se ha resuelto: si existe alojamiento, si los menores están protegidos, si la persona dependiente recibe cuidados. La dignidad de una vida no cabe en una casilla marcada como «expediente atendido».
Quien puede contribuir también tiene obligaciones
Hay otra cuestión que merece decirse sin rodeos: necesitar ayuda y pretender vivir del esfuerzo ajeno son cosas distintas.
Hay personas que trabajan y no pueden pagar una vivienda. Personas enfermas, desempleadas contra su voluntad o dedicadas a cuidar de otros. Confundirlas con quienes eluden sus obligaciones sería una injusticia.
Pero esa distinción también obliga a cuestionar a quien, pudiendo contribuir a sostener su vida, decide no hacerlo y exige que los demás financien esa decisión. Mucho más cuando reclama que se quite el patrimonio a otros para entregárselo.
Quien puede asumir responsabilidades y las rechaza no adquiere, por ese rechazo, un derecho sobre los años de trabajo ajenos.
No hay justicia en despreciar el esfuerzo de quien ahorró, renunció a gastos y asumió riesgos para después presentar sus bienes como un botín disponible. Tampoco hay progreso en enseñar que la obligación de uno termina donde empieza el bolsillo de otro.
La solidaridad necesita recursos. Esos recursos proceden del trabajo y de la actividad de personas que cumplen sus obligaciones. Despreciarlas mientras se reclama su dinero es una contradicción demasiado cómoda.
Una sociedad decente debe proteger a quien no puede. También debe exigir responsabilidad a quien sí puede. Renunciar a cualquiera de esas dos obligaciones acaba debilitando a la otra.
Más viviendas, menos discursos
La respuesta principal debe ser ampliar la oferta de alquiler asequible: construir vivienda pública, rehabilitar inmuebles y conservar un parque estable que permanezca al servicio de quienes lo necesitan.
Aumentar la oferta donde existe demanda ayuda a aliviar la presión sobre los precios. No basta con contar viviendas en el conjunto del país: tienen que estar disponibles donde las personas pueden trabajar y desarrollar su vida.
Existe un Plan Estatal de Vivienda 2026–2030 que contempla ampliar la oferta social y asequible. Corresponde exigir su ejecución y evaluar sus resultados. El Gobierno debe responder por las viviendas disponibles, los plazos y las familias atendidas, no únicamente por los anuncios. Las comunidades autónomas y los ayuntamientos deben hacer lo mismo dentro de sus competencias.
La escasez no se resuelve convirtiendo en sospechoso a quien ofrece una vivienda en alquiler. Necesitamos que más personas puedan alquilar y que hacerlo resulte seguro para ambas partes.
Los pueblos también pueden formar parte de la solución
También hay que ampliar las posibilidades de vivir fuera de las grandes ciudades.
Pero recomendar una mudanza cuesta poco. Hacerla viable exige centros de salud, escuelas, transporte frecuente, buenas carreteras y una conexión a internet que permita trabajar. Exige que un pueblo cercano deje de estar lejos en tiempo, servicios y oportunidades.
Una casa más barata pierde buena parte de su ventaja si obliga a mantener dos coches, recorrer largas distancias o renunciar a la atención sanitaria.
No se trata de expulsar a quienes tienen menos ingresos hacia lugares peor atendidos. Se trata de ofrecer alternativas que merezcan ser elegidas.
El turismo debe asumir sus obligaciones
El alquiler turístico requiere un tratamiento propio. Su finalidad es alojar visitantes y obtener ingresos de esa actividad, no proporcionar un hogar estable.
Es cierto que estos alquileres ya tributan y están sujetos a regulación. La fiscalidad distingue, además, entre el arrendamiento turístico y la prestación de servicios propios de la industria hotelera. Por tanto, el debate debe centrarse en si las obligaciones actuales responden a la actividad que se desarrolla y a sus efectos sobre el entorno.
Mi propuesta es que su explotación profesional tenga obligaciones empresariales y de cotización acordes con su naturaleza, y que se realice en edificios destinados a ese fin. Un edificio residencial no debería convertirse en un establecimiento de alojamiento disperso cuyos vecinos soporten las consecuencias.
La competencia con hoteles y otros alojamientos debe desarrollarse bajo exigencias proporcionadas y comparables. También debe protegerse el uso residencial en las zonas donde la expansión turística reduce las opciones de quienes necesitan vivir allí.
Gobernar también significa asumir la factura
El derecho a la vivienda merece una política seria. Los inquilinos merecen protección. Los propietarios merecen respeto y seguridad. Quienes necesitan ayuda merecen recibirla sin humillaciones. Quienes pueden contribuir deben asumir sus obligaciones.
Todo eso exige trabajo, presupuesto, coordinación y tiempo. Señalar al vecino que tiene un piso resulta mucho más fácil.
Pero la facilidad del discurso no absuelve a quien gobierna. Ninguna Administración debería confundir la protección social con la imposición de una carga particular, ni presentar el sacrificio de otro como una demostración de su propia generosidad.
Un Gobierno no se vuelve más solidario por decidir quién debe pagar sus promesas.
Se vuelve responsable cuando deja de buscar a quién pasarle la factura y empieza a cumplir aquello para lo que fue elegido.
Y tú... ¿qué opinas?
Soy Eduar Garza y te invito a pensar conmigo.
