Eduar Garza
Cuando ocurrió la tragedia de Angrois, pronuncié una frase que desde entonces me acompaña: «La culpa será del maquinista». No pretendía negar su responsabilidad. Temía que sobre sus hombros acabaran depositando también la de otros, hasta convertirlo en el hombre cuya condena permitiera al resto seguir adelante. El maquinista quedó como único condenado penal y, años después, llegaron los informes favorables al indulto, respaldado por parte de las víctimas. La propia jueza recordó que, junto a su negligencia, habían concurrido deficiencias de señalización y de seguridad. Desde entonces, cuando sospecho que alguien busca un culpable que lo libre de responder, digo lo mismo: «Están buscando al maquinista».
Después llegó Adamuz, en enero de este año, con cuarenta y seis muertos. Ahora llega Urda y volvemos a escuchar explicaciones, promesas de esclarecimiento y compromisos para recuperar la confianza. Son tragedias distintas, cuyas causas deben investigarse con rigor, pero entre ellas crece una pregunta que ningún discurso consigue acallar: ¿qué tiene que suceder para que quienes dirigen consideren que ha llegado el momento de marcharse? Mientras unas familias deben aprender a vivir con una ausencia, quienes ocupan los despachos parecen encontrar siempre una razón para permanecer.
En Urda, la caída del sistema de seguridad LZB y las decisiones posteriores sobre la circulación forman parte de lo que se está investigando. Existen interrogantes sobre por qué las protecciones disponibles no evitaron la colisión. No necesito fingir conocimientos de ingeniería ferroviaria para reclamar una respuesta comprensible: cuando falla una protección, ¿qué garantías quedan para continuar? Si esas garantías son menores, ¿qué restricciones deben imponerse? ¿Quién decide, quién supervisa y quién comprueba que las condiciones permiten seguir? Antes de aceptar que todo dependió de una persona, quiero saber por qué tantas vidas llegaron a depender de que esa persona acertara.
Porque el error humano debe estar previsto. Disponemos de tecnología capaz de detectar riesgos, emitir alertas e intervenir ante una equivocación. Ningún sistema es infalible, pero tampoco puede descansar sobre la exigencia de que un trabajador lo sea. Si una distracción o una orden equivocada pueden atravesar todas las barreras y desembocar en una catástrofe, encontrar a quien se equivocó apenas resuelve una parte del problema.
Queda por explicar qué protección faltó y quién tenía la obligación de garantizarla. Una organización segura debe contar con nuestra fragilidad, porque la perfección humana nunca ha sido una medida de seguridad.
Sin embargo, cuando llega el momento de responder desde arriba, la responsabilidad adquiere una extraña elasticidad. Sirve para justificar la autoridad, el sueldo y el reconocimiento cuando las cosas funcionan; cuando fracasan, se estira hasta perderse entre informes, procedimientos y competencias repartidas.
Óscar Puente ha descartado dimitir y sostiene que su obligación es dar la cara y ofrecer soluciones (veremos en qué queda esta cuestión). Pero dar la cara forma parte del cargo. También responder preguntas, colaborar con la investigación y atender a las víctimas. Cumplir esas obligaciones no resuelve por sí solo si debe seguir al frente de un servicio cuya confianza ha quedado tan herida.
Echo de menos el honor entendido como una exigencia íntima: la capacidad de reconocer que la responsabilidad de un cargo puede exigir renunciar a él, aunque todavía se disponga de apoyos para conservarlo. Ese momento en que alguien deja de preguntarse cuánto puede resistir y se pregunta qué le corresponde hacer. No hace falta haber cometido un delito para admitir un fracaso de gestión, ni esperar a que un juez señale una conducta para examinar la propia conciencia. Quien acepta dirigir acepta también responder por aquello que estaba obligado a organizar, supervisar y proteger. De otro modo, el poder se convierte en un privilegio cuyas consecuencias siempre pagan otros.
Una dimisión no devuelve una vida, desde luego. Tampoco la devuelve una comparecencia, un minuto de silencio o una bandera a media asta, y comprendemos el valor de esos gestos. Renunciar puede expresar algo que las palabras ya no consiguen transmitir: que el cargo estaba al servicio de los ciudadanos y que conservarlo tenía un límite.
No reclamo una dimisión automática ante cualquier desgracia. Reclamo que exista ese límite, que pueda reconocerse sin necesidad de una condena y que la voluntad de permanecer no se disfrace siempre de sacrificio. A veces, marcharse exige más entereza que resistir protegido por los propios.
También nosotros debemos dejar de medir esa exigencia según el partido al que afecte. El honor pierde todo significado si solo se lo reclamamos al adversario. Una sociedad que disculpa a los suyos aquello que considera intolerable en los demás ayuda a construir los refugios donde después se atrinchera el poder. Las víctimas merecen verdad y justicia; los ciudadanos, dirigentes capaces de asumir consecuencias. Por eso, cuando digo «están buscando al maquinista», temo que vuelvan a encontrar a alguien sobre quien cerrar la historia mientras arriba todo continúa. Porque encontrar un culpable no debería servir para dejar de buscar responsables, ni ocupar un cargo debería significar haber adquirido el derecho a no abandonarlo nunca.
Y tú... ¿qué opinas?
Soy Eduar Garza y te invito a pensar conmigo.
