Eduar Garza
Hay una pregunta que rara vez nos hacemos cuando contemplamos un monte en llamas: ¿cuánto nos costó no haberlo cuidado? Preguntamos quién provocó el incendio, cuántas hectáreas han ardido, cuándo llegará la lluvia o si los medios desplegados son suficientes, pero pocas veces calculamos el precio de todo lo que pudo hacerse antes y se dejó para después. Quizá porque prevenir obliga a tomar decisiones cuando todavía no hay cámaras, humo ni una tragedia con la que llenar los informativos. El incendio tiene siempre un presupuesto urgente; la prevención debe justificar hasta el último euro.
Cuando aparece el fuego nadie pregunta cuánto cuesta movilizar un helicóptero, poner en vuelo un avión, desplazar a la Unidad Militar de Emergencias, abrir cortafuegos con maquinaria pesada o mantener durante días a cientos de profesionales combatiendo las llamas.
Tampoco debería preguntarse en ese momento. Cuando hay vidas, viviendas y pueblos enteros en peligro, deben utilizarse todos los recursos necesarios. Lo extraño es que el dinero que aparece sin discusión durante la catástrofe resulte tan difícil de encontrar unos meses antes, cuando todavía podría evitar una parte considerable de ella.
Solo el contrato estatal de medios aéreos de apoyo a las comunidades autónomas para el periodo 2025-2027 tiene un valor cercano a los 188 millones de euros según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica. A esa cantidad hay que añadir la flota pública de aviones, los dispositivos autonómicos, los bomberos forestales, el combustible, los vehículos, la maquinaria, las comunicaciones, la vigilancia, las evacuaciones, la asistencia sanitaria y el conjunto de recursos movilizados por las diferentes administraciones. Todo ese gasto es necesario cuando el incendio ya existe. La pregunta incómoda es cuánto habría podido evitarse si una parte se hubiera invertido antes en gestionar el territorio.
Algunas estimaciones profesionales sostienen que cada euro dedicado a prevención puede evitar decenas de euros en extinción y daños posteriores. Otras sitúan el coste de apagar un incendio con medios aéreos muy por encima del tratamiento preventivo de esa misma superficie. No son equivalencias aplicables por igual a todos los montes ni a todos los fuegos. Cada territorio tiene una vegetación, una orografía y unas condiciones diferentes. Sin embargo, todas las estimaciones apuntan en una misma dirección: prevenir cuesta; no prevenir cuesta mucho más.
El problema es que el coste de la prevención se ve y el de la destrucción se dispersa. El primero figura en un presupuesto concreto y obliga a explicar en qué se gastará. El segundo se reparte entre ministerios, comunidades autónomas, ayuntamientos, aseguradoras, propietarios, empresas y familias. Una administración paga la extinción; otra, las ayudas de emergencia; otra repara carreteras; las compañías aseguradoras indemnizan viviendas y explotaciones; los servicios sanitarios atienden a heridos; los negocios soportan las cancelaciones, y los habitantes del lugar pierden patrimonio, trabajo y futuro. Como nadie reúne todas esas facturas en una sola cuenta, podemos mantener la ficción de que prevenir era demasiado caro.
Pero un incendio no termina cuando desaparecen las llamas. Después llegan la retirada de restos, la estabilización del suelo, la reparación de caminos, la reconstrucción de infraestructuras, la recuperación de los abastecimientos y la restauración ambiental. Llegan también las ayudas públicas y las indemnizaciones, que nunca compensan todo lo perdido. Un castañar, un alcornocal, una explotación maderera o una zona de pastoreo no recuperan su capacidad productiva porque se publique una subvención en el boletín oficial. Los presupuestos se aprueban por años; los árboles crecen por décadas.
También arden negocios que nunca estuvieron dentro del perímetro del incendio. El turismo de naturaleza vende paisaje, silencio, senderos, fauna y bosques. Cuando ese patrimonio desaparece, se cancelan reservas, cierran alojamientos, se suspenden actividades y los visitantes buscan otro destino. El informe de la Asociación de Ecoturismo en España señala que los incendios de 2025 afectaron a diecisiete destinos de su red. Solo en alojamientos y reservas del Valle del Ambroz y Trasierra-Tierras de Granadilla las pérdidas superaron los dos millones de euros al coincidir el fuego con una de las quincenas de mayor actividad turística.
Esa cifra recoge una parte inmediata del daño, pero no mide los años posteriores. Una carretera puede repararse en meses; un paisaje maduro no se reconstruye por decreto. El visitante que asocia un territorio con una inmensa superficie negra quizá tarde mucho tiempo en regresar, incluso cuando buena parte de la comarca no haya ardido. Entretanto, pierden ingresos las casas rurales, los restaurantes, los comercios, los guías, las empresas de actividades y los productores locales. Un incendio no quema únicamente árboles: quema cosechas futuras, empleos que todavía existían y oportunidades que ya no llegarán.
Algo parecido sucede con la agricultura y la ganadería. Arden pastos, colmenas, cierres, corrales, cultivos, maquinaria y animales. Se interrumpe la producción de madera, miel, corcho, castañas, setas o productos ganaderos. Las estadísticas pueden contar las hectáreas afectadas, pero les resulta mucho más difícil medir la vida económica que dependía de ellas. Detrás de cada superficie quemada puede haber una familia que pierde su explotación, un joven que decide no continuar en el pueblo y una nueva parcela que queda abandonada. El fuego alimenta así el mismo abandono que facilitará el siguiente incendio.
Por encima de cualquier cálculo está el coste humano. Hay personas que mueren, profesionales que resultan heridos, familias evacuadas, viviendas destruidas y pueblos que contemplan cómo desaparece en unas horas el paisaje en el que habían vivido durante generaciones. Una vida no tiene precio, pero protegerla sí tiene un coste. Negarse a pagarlo antes no es ahorrar; es aceptar que alguien pueda terminar pagándolo todo después.
En el debate sobre los incendios, cada sector suele elegir la explicación que mejor encaja con su posición. Unos hablan del cambio climático; otros, del abandono rural; algunos culpan a los pirómanos; otros señalan la falta de medios, la burocracia o la acumulación de vegetación. Todas esas cuestiones contienen alguna parte de la realidad, pero ninguna basta por sí sola. El cambio climático hace que el territorio esté más seco y vulnerable; el abandono rural acumula y conecta el combustible; una acción humana suele aportar la chispa, y la falta de gestión permite que esa chispa se convierta en una catástrofe.
No se trata de elegir entre clima y prevención. Tampoco de prometer un país sin incendios, porque el fuego forma parte de muchos ecosistemas y el riesgo cero no existe. Se trata de impedir que cada incendio encuentre delante miles de hectáreas continuas preparadas para arder y detrás una administración preparada solamente para reaccionar.
Prevenir tampoco significa desbrozar cada metro de monte hasta convertirlo en un jardín. España posee una superficie forestal inmensa y resultaría imposible, además de perjudicial, eliminar toda la vegetación susceptible de arder. La gestión debe ser selectiva, técnica y estratégica: proteger los perímetros de aldeas y viviendas, mantener accesos y puntos de agua, crear discontinuidades en la vegetación, recuperar cultivos, favorecer el pastoreo, realizar quemas prescritas cuando sean adecuadas y construir paisajes en mosaico capaces de frenar la propagación. No necesitamos barrer el monte; necesitamos dejar de abandonarlo.
Esa responsabilidad no puede recaer únicamente sobre el conjunto de los contribuyentes. Los propietarios de terrenos forestales tienen derechos, pero también obligaciones. Una finca sin gestionar puede poner en peligro viviendas, carreteras, explotaciones vecinas y vidas humanas. No parece razonable que alguien pueda desentenderse durante años de su propiedad y que después sea toda la sociedad la que pague aviones, bomberos, indemnizaciones y reconstrucción.
La Administración debería determinar las parcelas y zonas prioritarias, comunicar con claridad los trabajos necesarios y ofrecer a los propietarios la posibilidad de realizarlos por sus propios medios o adherirse a servicios colectivos a precios reducidos. Cuando un propietario no cumpla, la Administración podría ejecutar los trabajos y repercutirle un coste proporcionado, con ayudas o facilidades de pago para quienes acrediten falta de recursos. En las fincas abandonadas, con propietarios desconocidos o herencias sin resolver, el importe podría quedar vinculado a la propiedad hasta su transmisión. La propia Ley de Montes ya contempla los trabajos preventivos a cargo de los propietarios y la posibilidad de ejecución subsidiaria por parte de la Administración.
No se trata de castigar al pequeño propietario ni de exigirle que asuma en solitario un beneficio que recibe toda la sociedad. Los montes protegen el suelo, regulan el agua, capturan carbono, conservan biodiversidad y sostienen actividades económicas. Por ello, la prevención debe ser una responsabilidad compartida y contar con financiación pública. Pero compartir la responsabilidad no puede significar que nadie se haga responsable. Puede discutirse qué parte corresponde pagar a cada uno; lo que no debería discutirse es la obligación de actuar.
También habría que favorecer que cuidar el territorio volviera a resultar económicamente útil. Un ganadero que mantiene despejada una franja estratégica presta un servicio de prevención. Un agricultor que conserva un cultivo entre masas forestales está creando un cortafuegos productivo. Una empresa que aprovecha de forma sostenible la biomasa reduce combustible. Quizá sea más inteligente pagar por esos trabajos antes del verano que pagar helicópteros durante el incendio. Mantener vivo el mundo rural no es una concesión sentimental: puede ser una de las inversiones más rentables para el conjunto del país.
Sin embargo, la prevención tiene un grave problema político: no produce fotografías. Un gobernante puede visitar un puesto de mando, observar el fuego desde un helicóptero, felicitar a los equipos de emergencia y anunciar ayudas ante las cámaras. Nadie puede posar delante del incendio que no llegó a producirse. La catástrofe permite exhibir capacidad de reacción; la prevención solo ofrece silencio, continuidad y normalidad.
Por eso se anuncian con solemnidad nuevos medios de extinción mientras se aplazan los planes forestales. Por eso admiramos, con razón, a quienes combaten las llamas, pero apenas recordamos a quienes cuidan el territorio durante el invierno. Por eso discutimos el precio de limpiar una franja, mantener un camino o ayudar a un ganadero, pero aceptamos sin conocerla la factura completa de un gran incendio. La política vive pendiente de lo visible, aunque lo invisible sea lo que sostiene la vida.
Tal vez necesitemos una contabilidad nacional de cada gran incendio que reúna todos sus costes: extinción, evacuaciones, daños públicos y privados, indemnizaciones, restauración, pérdida de actividad económica, impacto turístico y deterioro de los servicios naturales. No para poner precio a la tragedia, sino para impedir que volvamos a llamar ahorro a lo que solo era abandono. Si después de cada incendio conociéramos su factura completa, quizá dejaríamos de considerar cara la prevención.
España no carece de dinero para prevenir los incendios. Decide gastarlo después, cuando ya solo sirve para apagar, indemnizar, reparar y lamentar. La cuestión no es si cuidar el territorio cuesta dinero, porque lo cuesta. La cuestión es si preferimos pagar para conservarlo o pagar mucho más después de haberlo perdido.
La prevención siempre parece cara hasta que llega la factura de la ceniza.
Y tú… ¿qué opinas?
Soy Eduar Garza y te invito a pensar conmigo.
