Eduar Garza
Durante unos minutos, España levantó la mirada al cielo para contemplar cómo la Luna ocultaba el Sol. Fue un instante extraordinario: la luz se retiró, el paisaje adquirió un aspecto desconocido y millones de personas esperaron con la certeza de que la claridad regresaría.
Pero hay otros eclipses que no aparecen en los calendarios. No se anuncian con años de antelación ni congregan a la gente en las calles. Llegan poco a poco, casi sin ruido, mientras una sociedad se acostumbra a vivir con menos luz. Primero se oscurece la verdad, después las instituciones y, cuando queremos darnos cuenta, apenas distinguimos dónde termina el Gobierno y dónde comienza el Estado.
Las democracias no siempre mueren asesinadas. Algunas se dejan apagar.
Conviene mirar hacia Venezuela, aunque solo sea para comprender que ningún país amanece convertido en una dictadura. Hugo Chávez llegó al poder mediante unas elecciones. No irrumpió acompañado por el estruendo de los tanques, sino por los aplausos de una sociedad cansada, indignada con sus dirigentes y deseosa de un cambio profundo. Prometió devolver la dignidad al pueblo, combatir la corrupción y acabar con los privilegios de las élites.
El problema no fue querer transformar el país. El cambio es necesario cuando las instituciones dejan de servir a los ciudadanos. El problema comenzó cuando el poder decidió que solo él representaba al pueblo y que cualquiera que se opusiera a sus decisiones estaba, por definición, contra el pueblo.
A partir de ahí, la sociedad quedó dividida entre buenos y malos, patriotas y traidores, víctimas y enemigos. Las instituciones continuaron existiendo, pero fueron perdiendo su independencia. Hubo elecciones, aunque las reglas dejaron de ser iguales para todos. Hubo tribunales, aunque el poder aprendió a rodearlos. Hubo medios de comunicación, aunque la crítica fue tratada como una conspiración.
Las instituciones rara vez caen de golpe. Primero se inclinan.
España no es Venezuela. Afirmarlo sería falso y restaría seriedad a cualquier análisis. Seguimos formando parte de la Unión Europea, celebramos elecciones libres, tenemos pluralidad política y conservamos numerosos contrapesos democráticos. Sin embargo, decir que todavía no somos Venezuela no debería impedirnos reconocer algunos comportamientos que recuerdan el principio de aquel camino.
La historia no se repite como una copia exacta. Se parece a sí misma en los mecanismos.
Pedro Sánchez ha demostrado una extraordinaria capacidad para sobrevivir. Puede admirarse su resistencia política y, al mismo tiempo, preguntarse cuál ha sido el precio que España ha pagado por ella. Durante estos años hemos visto cómo algunas convicciones consideradas irrenunciables se transformaban en obstáculos prescindibles cuando la permanencia en el poder exigía apartarlas. Lo que ayer se negaba, hoy se defiende; lo que antes se juzgaba inadmisible, después se presenta como una necesidad histórica.
Gobernar exige pactar. Una democracia parlamentaria se construye mediante acuerdos, renuncias y equilibrios. El problema aparece cuando los pactos dejan de servir a un proyecto común y comienzan a responder, ante todo, a la necesidad de conservar el Gobierno.
Los votos permite llegar al poder, pero no autoriza a adueñarse de él.
El peligro no reside en que España tenga un gobierno de coalición. Las coaliciones forman parte de la democracia. El peligro surge cuando cada cesión se justifica por la urgencia de seguir gobernando; cuando cualquier crítica se interpreta como un ataque ilegítimo; cuando los límites institucionales parecen estorbos y cuando la política exterior, la justicia, los organismos públicos o la propia idea de nación quedan subordinados a una aritmética parlamentaria cada vez más frágil.
Para mantener unido un bloque tan heterogéneo es necesario fabricar un adversario que lo mantenga cohesionado. Ahí aparece la polarización. Ya no se discuten propuestas: se distribuyen certificados morales. Si criticas al Gobierno, eres reaccionario; si cuestionas determinados pactos, eres enemigo del progreso; si reclamas límites, se te acusa de querer regresar a un pasado que nadie sensato desea recuperar.
El poder que necesita enemigos acaba considerando enemigo a quien intenta limitarlo.
Esta división resulta rentable para los partidos, pero devastadora para el país. Mientras discutimos sobre quién pertenece al bando correcto, la vivienda se aleja de los jóvenes, la deuda condiciona el futuro, los salarios pierden fuerza, los servicios públicos muestran señales de agotamiento y una generación formada contempla la marcha al extranjero como una posibilidad razonable. La decadencia no siempre se presenta con edificios en ruinas. A veces lleva estadísticas favorables, discursos satisfechos y familias que no consiguen llegar a fin de mes.
Un país no empieza a arruinarse cuando se queda sin dinero, sino cuando se queda sin horizontes.
Ante esta situación, cabría esperar una oposición capaz de ofrecer un rumbo reconocible. Sin embargo, la derecha tampoco despierta una confianza suficiente. Su líder parece atrapado entre el temor a incomodar y la necesidad de diferenciarse. Su prudencia llega en ocasiones a confundirse con pusilanimidad. Denuncia muchas decisiones del Gobierno, pero no siempre logra explicar qué país construiría en su lugar.
España no necesita cambiar de administrador para continuar por la misma carretera. Necesita saber hacia dónde quiere ir.
La alternancia, por sí sola, no garantiza la regeneración. Sustituir unos nombres por otros carece de valor si permanecen la ocupación partidista, la falta de ejemplaridad, el reparto de cargos, la ausencia de visión y esa costumbre tan española de considerar intolerable en el adversario aquello que perdonamos a los nuestros. Otros ocupantes pueden acabar utilizando las mismas habitaciones del poder y cerrando las mismas ventanas.
Quizá por eso existe un espacio político huérfano. Hay muchos ciudadanos que no se reconocen en el rumbo de Sánchez, pero tampoco desean refugiarse en la derecha. Personas que siguen creyendo en la justicia social, la igualdad de oportunidades, los servicios públicos y la protección de los más vulnerables, pero que también defienden la separación de poderes, la unidad institucional, la responsabilidad económica y la igualdad de todos ante la ley.
Ese espacio no debería quedar condenado al silencio.
La posible irrupción de Miriam González y Democracia 21 puede representar una corriente de aire fresco en una habitación demasiado cargada. Todavía es pronto para saber si estamos ante un proyecto sólido, una candidatura pasajera o una nueva frustración para quienes llevan años buscando una alternativa de centro. Tendrá que presentar un programa, formar un equipo, resistir las presiones y demostrar que viene a transformar la política, no solo a encontrar un lugar dentro de ella.
No se trata, por tanto, de convertirla en una salvadora antes de tiempo. España ya ha sufrido bastante por depositar esperanzas desmedidas en figuras providenciales. Se trata de reconocer que nuestra democracia necesita ventanas abiertas, nuevos proyectos y personas capaces de romper el falso dilema que nos obliga a elegir entre dos opciones que cada vez representan a menos ciudadanos.
El aire fresco no garantiza que una casa se salve, pero permite descubrir cuánto tiempo llevaba cerrada.
La responsabilidad, en cualquier caso, no pertenece solo a los políticos. Ningún gobernante deteriora una democracia sin la ayuda de una sociedad dispuesta a disculpar a los suyos. Cada vez que justificamos en nuestro partido lo que condenaríamos en el contrario, entregamos una pequeña parcela de nuestra libertad. Cada vez que sustituimos el pensamiento por una consigna, facilitamos el trabajo de quienes prefieren ciudadanos obedientes antes que ciudadanos críticos.
Quizá el eclipse que atraviesa España todavía sea pasajero. Quizá la luz regrese cuando la ciudadanía comprenda que la democracia no consiste solo en votar cada cuatro años, sino en vigilar todos los días a quienes reciben nuestro voto. También puede ocurrir que nos acostumbremos a la penumbra y acabemos confundiendo la ausencia de oscuridad total con la existencia de luz.
España no es Venezuela. La pregunta es si estamos aprendiendo de su historia o limitándonos a repetir que aquí nunca podría suceder.
Porque ningún pueblo pierde su libertad el día en que reconoce la dictadura. Empieza a perderla mucho antes, cuando deja de reconocer los pasos que conducen hacia ella.
¿Estamos ante una oscuridad pasajera o llevamos demasiado tiempo acostumbrando los ojos a vivir sin claridad?
