Eduar Garza
Una casa guarda cosas que no caben en una escritura. Guarda el ruido de una llave al entrar, la altura a la que alguien colocó un cuadro, el lugar de la mesa donde se sentaba quien ya no está. Para Maricarmen, el piso de Madrid del que salió en camilla el pasado miércoles contenía más de setenta años de vida. Comprendo que quisiera quedarse. Me cuesta imaginar que pudiera desear otra cosa, pero comprender un deseo no lo convierte en un derecho.
Su padre alquiló aquella vivienda en 1956. Tras su muerte, el contrato pasó a su madre y, después, a Maricarmen. Ella pagó el alquiler y vivió allí casi toda su vida. Era su hogar. Nunca fue su propiedad. La ley permitió la segunda subrogación durante dos años y reservó una duración mayor para quien tuviera una discapacidad igual o superior al 65 %. A Maricarmen se le reconoce un 50 % por lo que podemos juzgar insuficiente esa protección pero no podemos cambiar lo que decía la ley porque una cámara haya llegado al portal.
El dolor de Maricarmen es verdadero. También lo son los derechos de quien compró la vivienda. Si permitimos que una historia conmovedora anule esos derechos, ¿qué ocurrirá con la próxima persona cuya historia no conozcamos? ¿Qué decidiríamos si el propietario fuera alguien a quien quisiéramos? Las leyes deben poder mirarnos a los ojos incluso cuando su aplicación nos entristece. Si son injustas, cambiémoslas. No finjamos que solo existen cuando nos gusta el resultado.
En las redes sociales resulta difícil decir esto sin recibir una etiqueta. Basta expresar compasión por Maricarmen para que algunos te acusen de despreciar la propiedad. Basta recordar que el piso no era suyo para que otros te atribuyan una indiferencia que quizá no sientes. La mujer desaparece detrás del símbolo; el propietario, detrás de una palabra que lo convierte en enemigo. Cada bando levanta su bandera y, entre las dos, queda una pregunta sin respuesta: ¿dónde puede vivir Maricarmen ahora? Ahí debería empezar el trabajo de las instituciones.
Se ha dicho que pudo comprar el piso. También que se le propuso un nuevo alquiler inferior al precio de mercado. Ninguna de esas expresiones revela por sí sola si podía pagarlo. Una rebaja del precio de mercado sigue siendo inútil cuando supera tus ingresos. El Ayuntamiento, por su parte, afirma que le ofreció una plaza gratuita de emergencia en una residencia, que ella rechazó para alojarse con familiares. Puede ser una salida razonable para esa noche. Resulta más difícil llamarla solución a los años que le quedan por vivir.
No obstante, también debemos atrevernos a decir algo que suele omitirse: una solución digna no siempre será la solución que uno quiere. Perder la casa en la que hemos envejecido puede parecernos insoportable. Ese sufrimiento merece respeto, tiempo y cuidado; no otorga necesariamente el derecho a permanecer en ella. Lo exigible es una alternativa estable, segura, accesible para su movilidad y proporcionada a sus recursos. Puede que esté en otro lugar. Puede que no conserve las vistas, los vecinos ni la memoria de aquel pasillo. No por ello dejaría de ser digna.
En mi libro Programa electoral (La palabra dada) propongo que el Estado garantice una vivienda a quien no pueda obtenerla por sus propios medios. Una vivienda digna, en régimen de uso, con una aportación acorde con sus ingresos y durante todo el tiempo que la necesite. Nadie recibiría una propiedad como regalo. Nadie tendría que quedarse sin hogar por carecer de dinero. A los 87 años, esa protección no puede depender de la promesa de que algún día mejorará la economía de quien la recibe.
Esa es la responsabilidad pública que veo en el caso de Maricarmen. No obligar a un propietario concreto a cargar con una necesidad colectiva. No despachar a una mujer vulnerable con la frase «el contrato terminó». Buscar y sostener una respuesta digna cuando el contrato ya no puede sostener su vida.
Ahora se habla incluso de que regrese al mismo piso. La propietaria ha propuesto incorporarlo a un programa municipal para hacerlo posible, pero el Ayuntamiento considera que esa fórmula no cumple los requisitos legales. Se ha abierto una vía de mediación. Ojalá encuentren un acuerdo: sería una buena noticia para Maricarmen. Conviene, mientras tanto, no presentar una posibilidad como si fuera una solución alcanzada.
Quizá este caso termine con una puerta que vuelve a abrirse. Quizá no. Lo que no deberíamos hacer es esperar al próximo desahucio televisado para recordar que hay personas que necesitan una vivienda y propietarios cuyos derechos también cuentan.
La compasión puede señalar una herida. La ley puede establecer un límite. Gobernar consiste en hacerse cargo de lo que sucede entre ambas.
Y tú... ¿qué opinas?
Soy Eduar Garza y te invito a pensar conmigo.
